El presente texto presenta una discusción que poco o nada se ha dado en la arena pública durante los últimos años. ¿Fue la Constitución del 91 una herramienta para que la vivienda social fuera un derecho, o por el contrario le dio via libre al mercado para que fuera quien regulara el acceso a la vivienda? Alejandro Florián se hace esta pregunta y afirma que “Continúo creyendo que fue un pacto ejemplar para intentar solucionar conflictos que llevan más de 50 años (...) seguimos teniendo dudas como la que se plantea hoy en torno a la vivienda, si es ésta un tema de derecho o de mercado.”[1]
Pese a que explicitamente la Constitución reza que el Estado de Derecho debe garantizar el acceso a la vivienda, la sociedad colombiana ha adoptado el camino de las economías de mercado. Cuando se tiene dentro de una sociedad permeada por las malas costumbres, gentes cuya prevalencia es el interés particular sobre el general, no habrá políticas públicas que redireccionen el uso del mercado como motor de desarrollo. Por esto, es factible afirmar que el ‘suelo urbanizable’ ha sido una herramienta útil para “unos agentes concretos, con intereses concretos, que son los propietarios del suelo”[2].
La ingobernabilidad por parte del Estado y diferentes actores del poder, se ha dado a partir del ‘secuestro’ a las instituciones. El clientelismo y la corrupción han dirigido y organizado las políticas públicas perjudicando esencial y principalmente a aquellos a quienes se les debe asignar una vivienda digna. A causa de dichas plagas sociales, “la gente de menores ingresos sigue haciendo su casa de manera espontánea, así llegue a costarle el doble o el triple”[3].
Muy poco se ha trabajado a lo largo de estos casi 20 años en temas de planeación urbana. Muy pocas ciudades tienen bancos de tierra para desarrollar en el mediano y largo plazo los temas de vivienda social y con lo poco que hay se ha jugado el fisco Distrital por medio de ‘carruseles’ en entrada y salida a las instituciones de personas non gratas cuyo objetivo es enriqucerse a costa de una baja calidad de vida del grueso de la sociedad. El Derecho a la Vivienda se transformó en Derecho al Subsisdio, y los Gobiernos de turno (tanto nacionales como locales) están aprovechando esta figura legal para atornillarse en el poder, pues esto no genera más que una relación patriarcal entre gobernantes y gobernados, aumentando la demagogía y falsas promesas.
Hasta que los funcionarios públicos no cambien estos malos hábitos que tanto aquejan a la sociedad colombiana, no veremos lo frutos de un Estado de Derecho brindando un hogar digno a la mayor parte de la población. A fin de cuentas, la culpa sigue siendo de los ciudadanos quienes no aporvechan la herramienta de la democracia y seguimos eligiendo funcionarios que no están capacitados para gobernar bajo el principio de la primacía del bien general sobre el bien particular. Los dilemas morales en nuestra sociedad siguen siendo muy altos y el vivo vive del bobo. Sólo se cambia dicho fenómeno desde una cultura preocupada por el buen gobernante y no por el buen discurso.
